El presidente Nayib Bukele cumple este 1 de junio un año desde que asumió su segundo mandato consecutivo al frente del Ejecutivo, tras ser reelegido en febrero de 2024 con el 84.65 % de los votos. Una victoria arrolladora pero controversial, dado que la Constitución salvadoreña prohibía expresamente la reelección inmediata, aunque una reinterpretación constitucional le allanó el camino.

Con esta nueva gestión, Bukele inicia así su séptimo año en el poder, en medio de un escenario donde la crítica nacional e internacional sube debido al encarcelamiento de activistas de derechos humanos y las denuncias de persecución a periodistas, mientras la economía continúa siendo su mayor talón de Aquiles.

Su reelección

Bukele, quien llegó al poder en 2019, cerró su primer mandato en 2024 con una sólida base de apoyo popular. No obstante, su decisión de optar por la reelección, amparada en una reinterpretación constitucional avalada por una Sala de lo Constitucional, generó cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional. Organismos como la OEA, la ONU y Amnistía Internacional han expresado preocupación por lo que consideran una peligrosa concentración de poder y un debilitamiento del Estado de Derecho.

A pesar de ello, Bukele sigue siendo una de las figuras políticas más populares de América Latina, con una aprobación del 85 %, según datos de CID Gallup en mayo de 2025, aunque inferior al 89 % registrado un año atrás.

El régimen de excepción como columna vertebral

El pilar central de la gestión de Bukele sigue siendo el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. La medida ha sido prorrogada 39 veces con el respaldo de la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas, su partido, y se ha traducido en más de 86,000 capturas de presuntos pandilleros o personas asociadas a estructuras criminales. Esto ha reducido drásticamente los niveles de violencia, con una tasa de homicidios de apenas 1.9 por cada 100,000 habitantes en 2024, una de las más bajas del continente.

Sin embargo, esta estrategia ha recibido fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos por la comisión de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y al menos 400 muertes de detenidos bajo custodia del Estado. Aun así, 9 de cada 10 salvadoreños sigue apoyando esta medida, reflejando una sociedad que prioriza la seguridad, aunque a costa de libertades fundamentales.

Ley de agentes extranjeros y arresto de activistas

Una de sus medidas más criticadas ha sido la reciente detención de activistas de Derechos Humanos como el de la abogada Ruth López, la jefa de la Unidad Anticorrupción de la organización Cristosal, una de las voces más fuertes en las denuncias contra Bukele. López fue arrestada bajo cargos de peculado por haber sido la principal asesora de un exalto funcionario del FMLN, desatando una ola de condenas nacionales e internacionales.

Pocos días antes de la detención de López, la policía salvadoreña había detenido al presidente de la cooperativa El Bosque, el pastor evangélico José Ángel Pérez, y el abogado del Foro del Agua, Alejandro Antonio Henríquez,  acusados de presuntamente querer ingresar a la residencial donde vive el presidente. Los activistas clamaban ayuda del mandatario para cancelar una orden de desalojo dirigida contra 300 habitantes de la cooperativa.

La reacción de Bukele fue anunciar una Ley de Agentes Extranjeros, que según expertos es similar a la que aplicó el dictador nicaragüense, Daniel Ortega, que impone controles a las organizaciones no gubernamentales y a cualquier fundación o medio de comunicación que reciba donativos del extranjero, así como un impuesto del 30%.

La medida ha sido severamente cuestionada por organismos internacionales como la ONU y Human Rights Watch, que la señalan como un intento de restringir las libertades de asociación y expresión, y la comparan con leyes represivas en países como Rusia y Nicaragua. Su aprobación se da tras recientes protestas frente a la residencia presidencial, que el gobierno atribuye a injerencias políticas de ONG extranjeras.

La Asamblea Legislativa aprobó el 20 de mayo la polémica Ley de Agentes Extranjeros que establece un Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), bajo control del Ministerio de Gobernación, en un plazo de 90 días. Además, impone un impuesto del 30 % sobre donaciones, transferencias y bienes importados desde el exterior. Las sanciones por incumplir la normativa incluyen multas de hasta $250,000 y la revocación de la personería jurídica.

Estas últimas medidas han hecho que la revista The Economist advirtiera que Bukele ha pasado de perseguir pandilleros a perseguir críticos.

El 25 de mayo, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció un “clima de temor” hacia periodistas y defensores de derechos humanos, en medio de denuncias de capturas arbitrarias y operativos policiales dirigidos a voces críticas al Gobierno.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la APES expresó su preocupación ante reportes que indican que se preparan nuevas detenciones en contra de miembros de la prensa y organizaciones de la sociedad civil, sin que exista una postura clara por parte de las autoridades.

Incluso la Iglesia Católica cuestionó esta semana algunas políticas del gobierno y demandó el cese del régimen de excepción.

La economía: promesas ambiciosas, avances limitados

En su discurso de investidura del 1 de junio de 2024, Bukele prometió “sanar” la economía salvadoreña, tras declarar superada la violencia pandillera, a la que calificó como un “cáncer”. Pero un año después, los resultados económicos siguen sin estar a la altura del discurso.

El país mantiene uno de los niveles de crecimiento más bajos de la región, con una proyección del 2.2 % en 2024 según el FMI. La pobreza ha aumentado del 22.8 % al 27.2 % de los hogares entre 2019 y 2023, y la deuda pública alcanzó los 32,107 millones de dólares en 2024, un 8.4 % más que el año anterior.

Frente a estos desafíos, el Gobierno ha implementado medidas como un aumento del 12 % al salario mínimo —de 365 a 408 dólares— y la eliminación de aranceles a ciertas importaciones agrícolas por diez años. No obstante, analistas coinciden en que se trata de políticas paliativas que no atacan las causas estructurales de la desigualdad y la debilidad económica.

Un plan de seis fases y acuerdos financieros clave

En un intento por reactivar la economía, Bukele lanzó en julio de 2024 un plan económico dividido en seis fases. Las dos primeras —“alimentación” y “tecnología”— incluyeron la apertura de centros de distribución de alimentos, eliminación de tarifas agrícolas y la construcción de centros de datos y parques tecnológicos, con la meta de generar 4,000 empleos. Estas acciones buscan diversificar la economía y atraer inversión extranjera, pero aún están en fase inicial.

A nivel financiero, el gobierno logró acuerdos importantes: uno con el Fondo Monetario Internacional por $1,400 millones, tras años de tensiones relacionadas con la adopción del bitcoin; y otro con J.P. Morgan por 1,030 millones bajo un esquema de “deuda por naturaleza” para la conservación del río Lempa. También se obtuvieron 646 millones del BCIE para infraestructura.

Su relación con Trump

La relación entre Nayib Bukele y Donald Trump ha estado marcada por afinidades políticas y retóricas similares. Ambos líderes han mostrado coincidencias en su estilo directo y confrontativo, así como en sus posturas frente a temas como la migración y la seguridad. Bukele, a diferencia de otros mandatarios de la región, mantiene una relación cordial con la administración Trump, incluso después de que Estados Unidos implementara políticas migratorias más restrictivas. En abril, ambos se reunieron en la Casa Blanca y sellaron importantes acuerdos.

Uno de los compromisos más controversiales fue el pacto carcelario entre Estados Unidos y El Salvador, que permitió la deportación y posterior encarcelamiento de venezolanos y salvadoreños con antecedentes penales, muchos de ellos presuntos miembros de pandillas. Este acuerdo, si bien fue presentado como una medida de seguridad bilateral, ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, ya que consolidó la estrategia de encarcelamiento masivo que Bukele intensificó años después bajo el régimen de excepción. La cooperación en materia carcelaria sentó las bases para la política de mano dura que el mandatario salvadoreño ha convertido en su sello distintivo.

Reforma política y lucha contra la corrupción

En enero de 2025, Bukele presentó una Ley Anticorrupción y anunció la eliminación de la deuda política, cumpliendo una promesa de campaña. Esta medida fue posible tras una reforma constitucional impulsada por su mayoría legislativa y apunta a reducir el financiamiento público a los partidos, aunque críticos advierten que también puede debilitar a la oposición.

En paralelo, el presidente celebró en septiembre de 2024 la presentación de un presupuesto nacional sin deuda para gasto corriente, algo inédito en décadas y presentado como un avance hacia la sostenibilidad fiscal.

La proyección internacional también ha sido parte de la agenda de Bukele. El Salvador ha sido sede de varios campeonatos mundiales de surf, incluyendo el ISA World Masters Surfing Championship en 2024. Para 2025 se esperan al menos dos eventos más en la playa El Sunzal, consolidando al país como destino turístico y de eventos deportivos.

Popularidad, poder y democracia

Aunque su popularidad se mantiene elevada, Bukele enfrenta crecientes cuestionamientos por prácticas consideradas autoritarias: una reelección, un Congreso sin contrapesos y un sistema judicial alineado al Ejecutivo. A un año de su segundo mandato, Bukele se mantiene fuerte en las encuestas, respaldado por una población que valora la seguridad.

Sin embargo, los desafíos económicos estructurales persisten, mientras el modelo de gobernabilidad del presidente salvadoreño despierta dudas entre algunos sobre la salud democrática del país. 

Fuente: Centroamérica 360