Ministerio de Vivienda entrega 183 escrituras de propiedad a familias de 35 lotificaciones que fueron estafadas por Argoz 

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, señaló que trabajan en la restitución de derechos de propiedad a familias que fueron víctimas de estafas en el pasado, por ello, hoy, entregó escrituras de propiedad a familias de 35 lotificaciones que fueron estafadas por la Corporación Argoz, las cuales están debidamente registradas en el Centro Nacional de […]

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, señaló que trabajan en la restitución de derechos de propiedad a familias que fueron víctimas de estafas en el pasado, por ello, hoy, entregó escrituras de propiedad a familias de 35 lotificaciones que fueron estafadas por la Corporación Argoz, las cuales están debidamente registradas en el Centro Nacional de Registros (CNR), de las cuales más del 52 % quedaron inscritas a nombre de mujeres.

“Hoy hemos entregado escrituras de más de 183 lotes. Esto equivale a $1,800,000 con lo que se respalda a las familias, ahora ya tienen un documento. Ellos estuvieron pidiendo ayuda y nadie les resolvía, hasta que el presidente Bukele dio estas iniciativas de ley.

«Ahora de la mano con la Fiscalía General de la República es que estamos administrando las oficinas de Argoz. El Ministerio de Vivienda únicamente ve la parte técnica y legal para garantizar que estas familias tengan su escritura de propiedad”, expresó Sol.

La funcionaria añadió que con esta entrega se les está devolviendo lo estafado, en el pasado, a familias que no tenían cómo demostrar que eran dueñas de sus lotes, a pesar de haberlos pagado.

El Gobierno de El Salvador, a través del Sistema de Vivienda, ha logrado que a la fecha 72,500 familias afectadas por la Corporación Argoz recuperen un patrimonio que asciende a $725 millones, mediante la regularización de sus lotificaciones, detalló.  

Entre las lotificaciones beneficiadas, destacan Monte Víctor, en Ayutuxtepeque; y Brisas de Joya Grande II, en Apopa, las cuales son las de mayor antigüedad en su comercialización, remontándose al año 1987, es decir, más de 38 años de espera por parte de las familias afectadas.

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