El gobierno de Donald Trump puso en marcha un programa que permite a las autoridades migratorias acceder de forma sistemática a los datos de viajeros aéreos dentro de Estados Unidos.

A través de este esquema, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) entrega varias veces por semana al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) listas con los nombres de personas que pasarán por aeropuertos del país.

La información es utilizada para identificar a migrantes con órdenes finales de deportación y detenerlos antes de abordar un vuelo.

El programa no había sido divulgado públicamente y su existencia fue documentada por The New York Times mediante registros internos y testimonios de funcionarios actuales y pasados.

De acuerdo con estos documentos, el ICE puede cotejar los nombres con su base de datos y desplegar agentes en aeropuertos para realizar arrestos inmediatos, lo que acelera los procesos de deportación.

¿En qué consiste el intercambio de información entre la TSA y el ICE?

Bajo este mecanismo, la TSA comparte de forma recurrente listas de pasajeros que tienen vuelos programados.

El ICE cruza esos datos con registros de personas que cuentan con una orden definitiva de expulsión del país.

Cuando se detecta una coincidencia, los agentes reciben detalles clave del viaje, como número de vuelo, hora de salida y, en algunos casos, una fotografía del pasajero.

Con esa información, pueden acudir al aeropuerto y realizar la detención antes del despegue.

Un exfuncionario del ICE explicó que, en su experiencia, “en el 75 por ciento de los casos en los que el programa señaló nombres, se produjeron detenciones”.

¿Por qué los aeropuertos son clave para las detenciones migratorias?

Para las autoridades, los aeropuertos ofrecen ventajas operativas.

Son espacios controlados, donde los pasajeros ya han pasado filtros de seguridad y han sido revisados en busca de armas. Esto reduce riesgos para los agentes y permite detenciones rápidas.

Además, una vez detenida una persona con orden final de deportación, el ICE puede gestionar su expulsión en poco tiempo, incluso en cuestión de días, como ocurrió en algunos de los casos documentados.

El caso de Any Lucía López Belloza: de estudiante universitaria a deportación

Uno de los casos que confirmó la existencia del programa es el de Any Lucía López Belloza, una joven hondureña de 19 años.

López tenía una orden previa de deportación emitida años antes, aunque aseguró no tener conocimiento de ella y había vivido en Estados Unidos sin incidentes recientes.

Asistía al Babson College, donde cursaba el primer año de negocios.

El 20 de noviembre llegó al aeropuerto Logan, en Boston, con destino a Texas para pasar Acción de Gracias con su familia. Relató que pasó el control de seguridad sin problemas, pero al momento de abordar su pase no funcionó.

En el segundo intento, observó una “X” en la pantalla del agente, quien le pidió acudir al área de atención al cliente.

“Allí me dijeron: ‘Ah, eres Any’”, recordó. Según los registros, fue detenida inicialmente por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Dos días después fue deportada a Honduras.

Yo le dije que tenía que subir al avión porque tenía que irme ahora mismo, y él me respondió: ‘no creo que siquiera vayas a subir a ese vuelo’”, narró.

¿Qué oficina coordina estas detenciones?

Documentos obtenidos por el Times indican que la oficina del ICE en California, conocida como Pacific Enforcement Response Center, desempeña un papel central.

Esta unidad envía avisos a oficinas regionales del ICE y comparte información de vuelos de posibles detenidos.

Un documento interno describe la colaboración como un trabajo “con la Administración de Seguridad en el Transporte para enviar pistas útiles en campo sobre extranjeros con una orden final de expulsión que parecen tener un vuelo inminente programado”.

Exfuncionarios señalaron que esta oficina puede enviar varias alertas al día, a veces con apenas horas de anticipación al despegue.

La presión interna para aumentar deportaciones

Dentro del Departamento de Seguridad Nacional, que agrupa tanto al ICE como a la TSA, existe presión para incrementar las cifras de detenciones.

A inicios de año, Stephen Miller, entonces alto funcionario de la Casa Blanca, propuso un objetivo de 3 mil arrestos diarios de migrantes y sostuvo reuniones con mandos del ICE para explorar mecanismos que aceleraran las deportaciones.

Exfuncionarios de la agencia reconocen que el programa de aeropuertos facilita alcanzar esas metas.

«El gobierno ha convertido los viajes de rutina en un multiplicador de fuerza para las deportaciones”, afirmó Scott Mechkowski, exjefe adjunto de la oficina del ICE en Nueva York.

“No se trata de miedo; se trata de restablecer el orden y garantizar que todos los estadounidenses sepan que su gobierno hace cumplir sus leyes sin disculparse”.

Críticas y advertencias sobre el impacto en los viajeros

Otras voces, incluso dentro del propio ICE, han advertido sobre los efectos del programa. 

Claire Trickler-McNulty, exalta funcionaria del organismo durante el gobierno de Joe Biden, señaló que un mayor número de arrestos en aeropuertos puede generar retrasos y temor entre los pasajeros.

«Seguirá reduciéndose el espacio en el que la gente se siente segura haciendo sus cosas”, dijo.

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han expresado su rechazo. Robyn Barnard, directora sénior de defensa de refugiados en Human Rights First, calificó la medida como un intento de intimidación.

Uso de otras bases de datos y límites legales

El programa de aeropuertos no es el único esfuerzo del gobierno de Trump para localizar a migrantes con fines de deportación.

También intentó acceder a bases de datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para obtener direcciones de migrantes, aunque un tribunal federal bloqueó esa iniciativa en noviembre.

Esto muestra, según expertos, una estrategia más amplia de intercambio de información entre agencias federales para reforzar la aplicación de la ley migratoria.

(Imparcial)