A través del trabajo en conjunto, se avanza en la legalización de propiedades para familias que durante décadas fueron ignoradas por administraciones anteriores, ante la petición de hacer valer sus derechos, estas solicitudes han sido atendidas gracias al trabajo de la Mesa de Casos Colectivos.

Este día, familias de la Lotificación Santa María, en el distrito de Ciudad Arce, La Libertad Centro, recibieron sus escrituras de propiedad, marcando el fin de una espera de 19 años. El acto contó con la participación de la ministra de Vivienda, Michelle Sol; el director del Centro Nacional de Registros (CNR), Camilo Trigueros; el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar; el Procurador General de la República, René Escobar; y representantes de la Fiscalía General de la República. Todos ellos forman parte del equipo que trabaja desde la Mesa de Casos Colectivos para resolver situaciones de lotificaciones irregulares.

«La mesa dice nuevamente misión cumplida, este es el reflejo de cómo trabaja el presidente Nayib Bukele, él tiene una misión bien clara y es ayudarle a quien lo necesita y lo está logrando. Ustedes son parte, las familias que en el pasado quedaron abandonadas”, expresó la ministra Michelle Sol durante la entrega. Agregó que el monto recuperado en favor de las familias asciende a $190,000. La funcionaria enfatizó que esta resolución les otorga seguridad jurídica sobre sus viviendas y permite a las familias construir un futuro con certeza y legalidad.

Por su parte, el director del CNR, Camilo Trigueros, destacó el impacto social del esfuerzo interinstitucional. “Hay 19 familias que esta mañana van a recibir una escritura que los va a acreditar como dueños de un inmueble. El no tener sus escrituras les creaba incertidumbre. Este Gobierno se sensibiliza con los problemas de todos los salvadoreños. En esta Mesa de Casos Colectivos cinco instituciones se sientan para resolver un problema que es histórico”, afirmó.

Desde su creación, la Mesa de Casos Colectivos ha permitido la recuperación de aproximadamente $46.2 millones, beneficiando a miles de familias afectadas por décadas de abandono e incumplimientos de parte de las lotificadoras.