A dieciséis años de la muerte del “Rey del Pop”, el patrimonio de Michael Jackson sigue siendo motivo de enfrentamientos. Esta vez, su hija Paris Jackson, de 27 años, mantiene un conflicto legal con los ejecutores del patrimonio, John Branca y John McClain, a quienes acusa de haber realizado pagos indebidos y ocultar información sobre los gastos de administración del multimillonario legado de su padre.

Según documentos judiciales, Paris presentó en julio una petición para impugnar los llamados “pagos premium” o bonificaciones que los ejecutores habrían otorgado en 2018 a varios bufetes de abogados por trabajos “no registrados” o “no facturados oficialmente”.

Su equipo legal sostiene que estos pagos, que ascenderían a unos 625.000 dólares, fueron “gratuidades injustificadas” y que los administradores del patrimonio “no tenían autoridad” para hacerlos.

La artista también acusa a los ejecutores de intentar frenar la fase de “investigación”, el proceso en el que las partes pueden solicitar documentos y pruebas, lo que, según ella, impediría esclarecer la magnitud de los pagos cuestionados. “Los ejecutores no tienen derecho a impugnar su petición, especialmente cuando toda su evidencia proviene de los propios archivos del patrimonio”, subraya la moción.

La respuesta del patrimonio

Los ejecutores John Branca y John McClain respondieron el 9 de octubre con un documento que busca desacreditar las acusaciones y que, además, revela por primera vez cuánto ha recibido Paris desde la muerte de su padre en 2009.

Los administradores afirman que, sin su gestión, Paris y sus hermanos, Prince y Bigi Jackson, “nunca habrían recibido esa fortuna”.

El abogado de los ejecutores, Jonathan Steinsapir, argumentó que cuando Michael falleció, su patrimonio estaba “agobiado con deudas que superaban los 500 millones de dólares” y que, gracias a las decisiones de los encargados, ahora es un imperio valorado en más de 2.000 millones de dólares.

Steinsapir añadió que los pagos a los bufetes “no son regalos ni bonificaciones arbitrarias”, sino compensaciones por servicios extraordinarios. Además, recalcó que todos los desembolsos están sujetos a la aprobación del tribunal testamentario.

Un enfrentamiento en curso

Paris y sus abogados solicitan que el tribunal anule una orden de 2010 que permite a los ejecutores pagar a los abogados sin aprobación previa del juez.

Por su parte, los administradores argumentan que el reclamo de Paris viola la ley anti-SLAPP de California, diseñada para proteger el derecho a litigar sin ser objeto de demandas abusivas.

El abogado Steinsapir también desestimó la demanda calificándola de “infundada y difamatoria”, y subrayó que el tribunal “ya ha aprobado numerosas veces la contabilidad del patrimonio” en los últimos dieciséis años.

La próxima audiencia ha sido programada para el jueves 16 de octubre.