El ministro de Justicia de Perú, Juan José Santiváñez, anunció la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad que se levantará en la isla El Frontón. El penal estaría operativo en un plazo de 8 a 10 meses. El proyecto contará con una inversión de 174 millones de dólares financiados por la empresa privada, y será ejecutado bajo un modelo modular prefabricado inspirado en el centro penitenciario CECOT de El Salvador.

Construcción acelerada: un penal listo en menos de un año

En una conferencia de prensa y mediante comunicados oficiales, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, detalló que la construcción del nuevo penal de El Frontón tendrá una duración estimada de entre ocho y diez meses.

La rapidez del proceso será posible gracias al uso de infraestructura modular prefabricada, tecnología que permite reducir drásticamente los plazos sin sacrificar la seguridad o la funcionalidad del recinto. El diseño se inspira en la cárcel de máxima seguridad CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) construida en El Salvador, que ha sido referencia regional en materia penitenciaria.

¿Quiénes serán los internos del nuevo penal?

El penal está diseñado para albergar hasta 2000 reclusos de alta peligrosidad, entre ellos líderes de organizaciones criminales, sicarios, asesinos y extorsionadores. Todos ellos estarán bajo un régimen cerrado especial, que incluye:

• Aislamiento permanente
• Prohibición de visitas
• Monitoreo constante
• Limitación total de comunicaciones

“El objetivo es garantizar que los cabecillas criminales no tengan contacto alguno con el exterior ni posibilidad de seguir operando desde prisión”, declaró Santiváñez.

Financiamiento privado y modalidad de ejecución

El penal será financiado con una inversión de 174 millones de dólares aportados por la empresa privada, bajo el mecanismo de obras por impuestos (OxI).

Este sistema permite que el sector privado adelante obras de infraestructura pública a cambio de beneficios tributarios. Según el ministro, esta modalidad garantiza transparencia, eficiencia técnica y menores tiempos de ejecución.

“Es una apuesta estratégica del Estado, y el sector privado está colaborando decididamente”, subrayó Santiváñez.

Las Fuerzas Armadas se suman al proyecto

La presidenta Dina Boluarte ordenó la firma de un convenio tripartito entre el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Defensa. A través de este acuerdo, las Fuerzas Armadas estarán a cargo de la limpieza y preparación del terreno, así como de la demolición de las estructuras existentes en la isla.

Ingenieros militares especializados se encargarán del movimiento de tierras, la habilitación de áreas de construcción, y la instalación logística necesaria para iniciar las obras lo antes posible.

Este respaldo institucional busca acortar los tiempos y asegurar la viabilidad técnica del proyecto.

(Caretas)