La Administración de Donald Trump envió a al menos 280 presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a El Salvador, luego de que el presidente invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, un recurso que no había sido aplicado desde la Segunda Guerra Mundial.

El presidente estadounidense utilizó este recurso pasando por encima de la decisión de un juez federal del país norteamericano que le prohibía preventivamente a su Gobierno deportar de manera acelerada a cinco ciudadanos venezolanos bajo esta normativa, luego de que Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaran una demanda. 

¿El argumento de Trump? La banda Tren de Aragua “está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio” estadounidense. 

En ese sentido, al invocar el republicano esta legislación, todos los venezolanos mayores de 14 años que se consideren integrantes de esa organización en Estados Unidos y que no estén naturalizados o incluso cuenten con el estatus de residentes permanentes están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.

Diversos sectores dentro y fuera de Estados Unidos, como las ONG defensoras de derechos humanos y analistas, han advertido de que la invocación de este recurso por parte de Donald Trump podría constituir un abuso de poder y supone un riesgo para la población migrante en suelo estadounidense. 

¿Qué es la Ley de Enemigos Extranjeros? 

La Ley de Enemigos Extranjeros, creada en 1798, le da las facultades al presidente de la nación para detener y deportar a extranjeros en caso de guerra declarada o de una “invasión” o “incursión depredadora”, tal y como explica la revista independiente estadounidense ‘Just Security’. 

Puntualmente, la ley le permite perseguir a todos los “nativos, ciudadanos, residentes o súbditos” de la nación o Gobierno hostil, explica el medio especializado en política y justicia estadounidense.

Asimismo, indica que el recurso no distingue entre extranjeros que se encuentran regularizados en Estados Unidos y foráneos con estatus legal establecido, ni tampoco entre extranjeros “leales y desleales”. 

A su vez, esta legislación de larga data no exige que el jefe de Estado demuestre ninguna mala conducta o amenaza que representen los extranjeros objetos de la detención, por lo que la norma no brinda un recurso ni procedimiento para probar su lealtad a Estados Unidos o para apelar la decisión del mandatario. 

El Centro Brennan asegura que se trata de un recurso de autoridad demasiado amplio que puede violar derechos constitucionales en tiempos de guerra y de abuso en tiempos de paz. 

Hasta hoy, la normativa había sido aplicada en tres ocasiones, todas relacionadas con conflictos bélicos: en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.

En ese sentido, la ley no había sido invocada desde la segunda contienda mundial (1939-1945), cuando el entonces presidente Franklin D. Roosevelt aplicó el recurso para el encarcelamiento masivo de estadounidenses de origen japonés. Se estima que unas 120.000 personas de ascendencia de ese país oriental fueron encarceladas durante la guerra. 

Como se mencionó anteriormente, la Ley de Enemigos Extranjeros está pensada en caso de que Estados Unidos esté en una guerra declarada y directa o si otro país invade la nación norteamericana o amenaza con hacerlo. 

En la actualidad, ¿Estados Unidos enfrenta una invasión? Para Donald Trump sí. Durante años, el magnate republicano y sus aliados han argumentado que la primera potencia se enfrenta a una “invasión” de personas en condición de tránsito migratorio que llegan al país de forma irregular. 

Y desde que regresó a la Casa Blanca, en su discurso inaugural, de hecho, el presidente ya anunciaba su intención de invocar el recurso. 

En aquel entonces, dijo: “al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen crímenes devastadores a territorio estadounidense”. 

Con todo y eso, decir que la nación norteamericana enfrenta una invasión por migrantes irregulares es un argumento tan nuevo como con falta de pruebas. A pesar de que el mandatario advierte constantemente de las bandas criminales de América Latina en suelo estadounidense, solo un pequeño porcentaje de las personas que viven de forma irregular allí son delincuentes. 

El mes pasado el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense declaró en un informe que los funcionarios podrían usar las designaciones de terroristas extranjeros para argumentar que las actividades del Tren de Aragua en Estados Unidos constituyen una invasión limitada. 

Sin embargo, el mismo servicio especificó que “esta teoría parece no tener precedentes y no ha sido sometida a revisión judicial”.